El Gobierno reglamentó el primer tramo de la Ley Bases para avanzar el la reorganización de la administración centralizada y descentralizada. Lo hizo a través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial de este lunes.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación Federico Sturzenegger.
La reglamentación avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada y en las privatizaciones como así también en el empleo público.
Desde el área de Desregulación que encabeza, Federico Sturzenegger, se expicó que el decreto 695/2024, tiene tres objetivos centrales: acelerar la MOTOSIERRA, generar un mecanismo ANTI-ÑOQUIS y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ANTI-COIMAS.
Los cuatro aspectos de este decreto: las facultades delegadas, la ley de empleo público, la ley de procedimientos administrativos y la ley de concesiones.
1) MOTOSIERRA. El Congreso le permite al Gobierno adecuar en tamaño, fusionar o centralizar cualquier órgano de la administración pública. También lo faculta a cerrar cualquier organismo del Estado si no está en una lista de excluidos.
Además, lo habilita a cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70. Así, autoriza la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las comprendidas por la ley 23.696.
Estos cambios permitirán una amplia reestructuración del Estado que se concretará a través de una serie de decretos delegados. El primero cierra en forma definitiva el INADI y estará publicado brevemente tras esta reglamentación.
2) ANTI-COIMAS. La Ley Bases implementa una serie de cambios en la Ley de Procedimiento Administrativo 1759/72. Los cambios apuntan a reducir la capacidad del Estado de apretar o coimear al ciudadano.
Al respecto, se pone en marcha el proceso de “silencio positivo” para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Se trata de un mecanismo por el cual, ante un pedido de autorización de un privado, si el Estado no se expide en un plazo de tiempo determinado, quien lo solicita queda automáticamente autorizado.
De esta manera desaparece el poder arbitrario del funcionario de “cajonear” un expediente y de pedir “coimas”.
Por otro lado, reduce el poder extorsivo del Estado, ya que se permite recurrir judicialmente una multa sin tener que pagarla. Antes el funcionario podía extorsionar a una empresa o persona con una multa que debía pagar antes de cuestionarla.
Se elimina la necesidad de agotar la vía administrativa para una serie de circunstancias. Antes la necesidad de agotar todas las instancias administrativas permitía “cajonear” una demanda contra el Estado. Este cambio también genera una mayor protección del ciudadano contra las arbitrariedades del Estado.
3) ANTI-ÑOQUIS. La Ley Bases genera una amplia transformación de la Ley de Empleo Público (25.164) que busca mejorar su calidad, evitar la interferencia política en los nombramientos, elevar la capacidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de los empleados, evitar el gasto excesivo de recursos y facilitar el proceso de ordenamiento del Estado.
Con este fin se incorpora un examen objetivo de competencias, que lo deberá rendir cada empleado público que ingrese y su resultado lo determinará una computadora.
El régimen disciplinario se endurece al brindarles más poder a los funcionarios para sancionar conductas de incumplimiento de los empleados. A su vez se determina la obligatoriedad del descuento por día no trabajado por paro.
Por otra parte, se acotan las adscripciones, ya que por fuera del Poder Ejecutivo dejarán de ser remuneradas por el Gobierno Nacional. El empleado que salga de la órbita de la administración federal para pasar a trabajar en otro poder del Estado o un gobierno provincial o municipal dejará de recibir un sueldo del Estado Nacional.
Además, se reglamenta el proceso de disponibilidad para los empleados. Cuando un organismo o unidad se elimina o si se verifica que está sobredimensionada, el personal puede ser puesto en disponibilidad. Durante este periodo cobrará el sueldo, dependiendo de su antigüedad, con un pago potencial de hasta 12 meses.
En estos meses podrá capacitarse. Si consigue trabajo en el sector privado, la empresa podrá tomar a cuenta los sueldos del Estado y así se generará una oportunidad de reinserción rápida para estos trabajadores en el sector privado formal.
4) LEY DE CONCESIONES. La Ley Bases introduce interesantes innovaciones en la Ley de Concesiones que permitirán una mejora sustancial en la capacidad de realizar adjudicaciones más estables, sólidas jurídicamente y flexibles.
Primero, las concesiones pueden ser de plazo variable. Si la obra es muy exitosa el plazo se acorta porque el recupero se concretará más rápidamente. En cambio el plazo se extiende si la obra resulta menos redituable.
Además, la Ley Bases permite que las concesiones se hagan con mecanismos automáticos de actualización. Se podrá concesionar, por ejemplo, en UVAs. De este modo el concesionario podrá proteger su ecuación económica, pero sobre todo se evitará la necesidad de modificaciones que siempre generan una oportunidad para la corrupción.
Finalmente, se permite en el pliego determinar el mecanismo de resolución de controversias para aportar seguridad jurídica y, por lo tanto, menores costos para el Estado.
