Jubilados, Educación, Poder Legislativo y Fabricaciones Militares son algunos de los sectores donde el Gobierno llevará a cabo una adecuación presupuestaria para gastos. Cuáles son el resto.
De cara al balotaje, el Gobierno amplió este viernes el Presupuesto para distintos sectores del país, como los créditos de gastos en personal, gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones y transferencias varias.
Así, a través de la Decisión Administrativa 884/2023 publicada este viernes en el Boletín Oficial, se dispuso un incremento de hasta alrededor de $5.000 millones en los fondos de la Cámara de Diputados, al Consejo de la Magistratura, la Agencia Nacional de Discapacidad, La Defensoría del Niño y Adolescente, el Comité para la Prevención de la Tortura y la Procuración de la Penitenciaría de la Nación.
Además, aumentaron en unos $2.000 millones los créditos destinados a la atención médica de los pensionados no contributivos y los gastos de capital del Ministerio de Obras Públicas a fin de atender el financiamiento de proyectos del «Plan Argentina Hace» para infraestructura para el transporte, vialidad y movilidad urbana.
A su vez, establecieron un incremento en el presupuesto vigente del Ministerio de Educación con el objetivo de atender las erogaciones necesarias para la jornada extendida, conectividad, infraestructura, becas, educación técnica y Fondo Nacional de Incentivo Docente y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el pago del subsidio extraordinario para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En el caso de la prestación por desempleo, se dispuso un pago extraordinario de $20.000 y, por otro lado, se contemplan las necesidades crediticias del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino (FAE).
Asimismo, se refuerzan los créditos presupuestarios destinados a la Empresa Fabricaciones Militares y el régimen de reintegro a sectores vulnerados y en el régimen de reintegros a consumidores finales de una proporción de las compras que realicen en los comercios inscriptos en el «Registro de Carnicerías».
